La Justicia Federal de Rosario resolvió este jueves el fallo en el juicio por las fumigaciones en Pergamino, provincia de Buenos Aires, Argentina, y absolvió a los siete productores agropecuarios imputados. En cambio, condenó a dos funcionarios municipales por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario entendió que, si bien quedó acreditado que la exposición a fitosanitarios puede provocar daños ambientales y afectar la salud de las personas, no se logró probar la responsabilidad penal individual de los acusados bajo la legislación vigente. La decisión estuvo a cargo de los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodríguez y Elena Dilario.

Entre los absueltos figuran los productores Fernando Cortese, Mario Roces, Víctor Tiribó, Carlos Sabatini y Hugo Sabatini, además del ingeniero agrónomo José Luis Grattone y el aplicador Cristian Taboada. Todos estaban acusados por distintas intervenciones vinculadas con aplicaciones realizadas entre 2011 y 2019.

Condena a funcionarios

El fallo sí alcanzó a Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, integrantes de la Dirección de Ambiente Rural de Pergamino. Ambos recibieron dos años de prisión en suspenso, cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y la obligación de realizar tareas comunitarias, además de otras condiciones fijadas por el tribunal.

Según los magistrados, durante el proceso quedó demostrado que hubo reiteradas denuncias y advertencias de vecinos que no fueron debidamente atendidas, lo que derivó en una falta de controles oficiales sobre las aplicaciones de agroquímicos. Esa ausencia de fiscalización también complicó la producción de pruebas para avanzar contra el resto de los imputados.

Pedido de nuevas investigaciones

En los fundamentos, el tribunal sostuvo que los funcionarios condenados eran “los eslabones más bajos de la cadena de responsabilidad” dentro del municipio y pidió investigar el accionar del intendente de Pergamino, Javier Martínez, durante los años en que ocurrieron los hechos denunciados.

Además, propuso la conformación de una mesa de diálogo entre autoridades, productores, especialistas y vecinos para avanzar en regulaciones sostenibles sobre el uso de fitosanitarios. Durante la lectura del veredicto, los jueces remarcaron que un juez penal debe aplicar la ley vigente, aun cuando el marco normativo resulte insuficiente para resolver conflictos ambientales de esta complejidad.

La causa se originó a partir de la denuncia de una familia que atribuyó problemas de salud a la exposición a agroquímicos. En ese proceso, la Fiscalía Federal había pedido penas de hasta cuatro años y tres meses de prisión, además de la inhabilitación para ejercer actividades agropecuarias y el decomiso de campos considerados contaminados.

Fuente Distrito Interior.