La Justicia Federal de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, ordenó al Gobierno nacional realizar de manera inmediata e integral las obras de reparación y mantenimiento en las rutas nacionales 7, 8 y 33, en los tramos que atraviesan el departamento General López.

La resolución fue dictada por el juez federal Aurelio Cuello Murúa, quien dejó firme el amparo presentado en 2025 por la senadora provincial Leticia Di Gregorio, de la Unión Cívica Radical. El magistrado rechazó los argumentos expuestos por Corredores Viales y el Ministerio de Desregulación, y ordenó a Vialidad Nacional cumplir con las tareas correspondientes, aun cuando los corredores estén concesionados.

El fallo cuestionó la falta sostenida de mantenimiento en esas vías y consideró que existió una omisión prolongada de obras necesarias para garantizar una circulación segura.

La medida judicial alcanza a rutas de fuerte importancia para la producción y el transporte de cargas en el sur santafesino. La Ruta Nacional 33, que une Rosario, provincia de Santa Fe, con Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, es una de las más comprometidas por el deterioro de su calzada.

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, advirtió que los siniestros viales en uno de los tramos de la Ruta 33 aumentaron un 30 por ciento. También señaló que el mal estado de la traza lleva a muchos conductores a optar por caminos alternativos, aun cuando por ese corredor circula una parte importante de la producción regional.

Di Gregorio recordó que el mismo juzgado había dispuesto anteriormente una medida cautelar para realizar bacheo en los sectores más riesgosos, aunque sostuvo que las obras no fueron completadas por falta de recursos. Ahora, con el amparo firme, Vialidad Nacional deberá avanzar con las reparaciones, aunque el Gobierno nacional aún tiene la posibilidad de apelar.

El reclamo se da en medio de cuestionamientos por la paralización de obra pública y por el destino de fondos del Sistema Vial Integrado, financiado con parte del impuesto a los combustibles líquidos. Esos recursos tienen como finalidad legal la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial nacional.

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz denunció al ministro de Economía, Luis Caputo, por una presunta malversación de caudales públicos vinculada a ese fideicomiso. Además, presentó una acción judicial para reclamar obras en tramos bonaerenses de las rutas nacionales 3 y 5.

Desde el sindicato de trabajadores viales también cuestionaron el uso de los fondos y alertaron sobre las consecuencias del deterioro de la red caminera nacional, tanto para la seguridad vial como para la actividad productiva.

Fuente Informativa: Distrito Interior