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En Trenque Lauquen también se consolida una tendencia que ya se ve en toda la provincia de Buenos Aires: más parejas eligen convivir sin casarse y la cantidad de matrimonios sigue en baja año tras año. De acuerdo a los datos del Registro de las Personas, durante 2025 se celebraron 103 casamientos en el distrito, por debajo de los 127 de 2024 y lejos del pico de 158 enlaces registrados en 2022, lo que muestra un cambio de hábitos sostenido desde la salida de la pandemia.
La serie histórica reciente marca que en 2020 hubo 66 matrimonios en Trenque Lauquen, en 2021 la cifra trepó a 129, en 2022 llegó al máximo de 158, en 2023 fueron 131 y en 2024 se celebraron 127, antes de la nueva caída registrada el año pasado. El comportamiento local acompaña lo que ocurre a nivel provincial, donde los matrimonios de 2025 descendieron un 10,2% respecto de 2024, pasando de 50.874 a 45.707, y acumulando una baja del 22% si la comparación se hace con 2022, cuando se habían registrado 58.693 uniones en todo el territorio bonaerense.
El detalle mes a mes de 2025 muestra además cómo se distribuyeron los casamientos en el distrito: febrero fue el mes con más enlaces, con 16, seguido por noviembre con 12 y septiembre con 11, mientras que mayo quedó como el período con menos bodas, con apenas 3. El resto del año se completó con 9 matrimonios en enero, 10 en marzo, 8 en abril, 5 en junio, 6 en julio, 7 en agosto, 9 en octubre y 7 en diciembre, configurando un calendario con picos puntuales pero con un volumen general más bajo que en años anteriores.
En cuanto al perfil de las uniones, los datos oficiales revelan una marcada predominancia de los matrimonios heterosexuales en Trenque Lauquen: el 99% de los enlaces celebrados en 2025 fueron entre mujeres y varones, mientras que el 1% correspondió a matrimonios entre dos varones. Aunque minoritarios, estos últimos reflejan la continuidad de las uniones igualitarias dentro del esquema normativo vigente, en un contexto general de retracción del número total de casamientos.
Detrás de este cambio en las formas de vincularse aparecen factores culturales, sociales y económicos, pero especialistas advierten que no es lo mismo optar por el matrimonio que por una unión convivencial desde el punto de vista legal. El matrimonio genera automáticamente efectos como la comunidad de bienes, la protección de la vivienda familiar, la responsabilidad compartida frente a deudas y derechos sucesorios entre los cónyuges, mientras que la convivencia solo produce consecuencias jurídicas si está registrada y, en muchos casos, si se firma un pacto de convivencia.
En el matrimonio rige por regla la comunidad de ganancias, es decir, los bienes adquiridos durante la unión se reparten en partes iguales al momento de una eventual separación, en tanto que en la unión convivencial la regla general es la separación de bienes salvo que exista un acuerdo inscripto. Algo similar ocurre con la vivienda familiar: en el matrimonio la protección es automática, pero en la convivencia solo se reconoce si la unión está debidamente inscripta en los registros correspondientes.
Otro punto clave está en la herencia: el cónyuge es heredero legal y se ubica dentro del esquema sucesorio previsto por el Código Civil y Comercial, mientras que el conviviente no tiene ese estatus y solo puede heredar si hay un testamento u otra disposición específica. En cambio, cuando se trata del vínculo entre padres e hijos no hay diferencias legales entre matrimonio y unión convivencial, esté o no registrada, lo que garantiza los mismos derechos y obligaciones de filiación en ambos tipos de familias.
Con este panorama, las estadísticas de Trenque Lauquen se alinean con lo que ocurre en buena parte de la provincia: menos casamientos tradicionales, más parejas que eligen convivir y una redefinición de los vínculos afectivos que impacta de manera directa en la vida social y en la situación legal de las familias. Para los especialistas, el desafío pasa por que quienes optan por la convivencia conozcan las herramientas disponibles para inscribir su unión o firmar pactos que les brinden mayor protección patrimonial y de vivienda ante eventuales conflictos o rupturas.
