El fiscal Matías Juan brindó detalles sobre el avance de una causa por sextorsión que tuvo como víctima a un hombre de 63 años en General Pico, provincia de La Pampa, donde tres mujeres están imputadas y quedaron bajo la lupa por una llamativa coartada para justificar el dinero que ingresó a sus cuentas bancarias. Según explicó, las acusadas declararon en la fiscalía, asistidas por su abogado defensor, el doctor Freijedo, y negaron haber participado en la extorsión, asegurando que desconocían el origen ilícito de los fondos.

La versión de las mujeres apunta a un supuesto emprendimiento comercial vinculado a un penal ubicado en la ciudad de Mendoza: sostienen que una tercera mujer, a la que no identificaron con precisión, les ofreció vender indumentaria dentro de la cárcel donde está alojada su pareja. De acuerdo a ese relato, luego de aceptar inicialmente y arrepentirse de seguir con el “negocio”, esta mujer les habría exigido la devolución del dinero y les facilitó múltiples cuentas bancarias para realizar transferencias, argumento con el que intentan explicar el movimiento de fondos y despegarse del vecino piquense que fue extorsionado.

Frente a esta coartada, el Ministerio Público Fiscal, junto a la Brigada de Investigaciones, deberá ahora “evacuar citas”, es decir, comprobar o desbaratar cada punto de esa historia: si esa mujer efectivamente existe, si las acusadas llegaron a recibir ropa y si esa indumentaria fue vendida en el penal mendocino. El fiscal recordó que un imputado puede mentir en su defensa y que la tarea de la justicia pampeana será determinar si se trató de un emprendimiento real o de una mera construcción para encubrir el circuito del dinero.

El caso se originó en enero de este año, cuando la víctima, un hombre de 63 años, inició por Facebook una conversación con la expectativa de concretar un encuentro íntimo y envió fotos privadas que fueron utilizadas para tenderle una trampa. Los estafadores le hicieron creer que del otro lado había una menor de edad, que sus padres habían descubierto los chats y que estaba frente a una grave denuncia por grooming, lo que derivó en una serie de amenazas y exigencias económicas.

La maniobra escaló hasta niveles de crueldad inusitada: le hicieron creer que la supuesta joven se había quitado la vida a raíz de la situación y le enviaron incluso un acta de defunción falsa. De acuerdo al fiscal, se montó “toda una ingeniería judicial” con documentos que simulaban ser oficiales del Poder Judicial de Mendoza, con firmas de funcionarios reales que fueron adulteradas y membretes apócrifos, todo elaborado mediante herramientas de inteligencia artificial, lo que profundizó el daño emocional y económico sobre la víctima, que transfirió dinero en reiteradas oportunidades por miedo a ir preso.

Si bien los investigadores sospechan que los autores intelectuales del chantaje serían reclusos de una penitenciaría mendocina, las tres mujeres imputadas aparecen como un eslabón clave en la estructura delictiva: figuraron como titulares de las llamadas “cuentas puente” que recibieron las transferencias del hombre de General Pico para luego derivarlas hacia otros destinos. Es justamente ese tramo del recorrido del dinero el que la justicia de La Pampa busca ahora reconstruir y esclarecer, para determinar el rol concreto de cada involucrado y avanzar en nuevas imputaciones si logra acreditar la existencia de una organización criminal más amplia.

fuente infopico.