La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) manifestó una fuerte crítica a la decisión del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de desregular la aplicación de la vacuna contra la fiebre aftosa, al permitir que los productores elijan directamente a un veterinario privado habilitado, por fuera del esquema de fundaciones sanitarias que venía funcionando en los últimos años en la provincia de Buenos Aires y La Pampa.​

La entidad rural, que agrupa a decenas de asociaciones de productores bonaerenses y pampeanos, calificó la medida como “inconsulta” y advirtió que las fundaciones han sido herramientas clave para superar brotes de la enfermedad, como los registrados en 2001 y 2006, destacando que el sistema sanitario argentino se presenta hoy como “robusto” gracias a ese modelo. En ese marco, Carbap recordó que distintos informes del propio Senasa muestran ausencia de circulación viral y niveles de inmunidad poblacional considerados más que adecuados en el rodeo nacional.​

En un comunicado emitido este lunes 16 de marzo de 2026, la organización que preside Ignacio Kovarsky cuestionó que, “en medio de la actual campaña de vacunación, sin ningún tipo de justificación técnica que lo avale, de manera absolutamente inconsulta, sin evidencias económicas que lo respalden y en forma absolutamente inoportuna, se pretenda modificar mediante un acto administrativo la estructura central de la campaña de vacunación”. Para Carbap, además, “resulta preocupante” que la resolución no haya pasado por ámbitos técnicos como la Comisión Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa (Conalfa) y las Comisiones Provinciales de Sanidad Animal (Coprosas), órganos previstos por la normativa para debatir este tipo de cambios.​

La semana pasada, a través de la Resolución 201/2026, el Senasa modificó el esquema de vacunación del ganado contra fiebre aftosa y brucelosis bovina, introduciendo la posibilidad de que los titulares de establecimientos registrados en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) seleccionen libremente a un veterinario privado acreditado para comprar, conservar y aplicar las vacunas durante las campañas oficiales o en vacunaciones estratégicas.​

Desde Carbap también cuestionaron los argumentos económicos que utilizó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para defender el cambio, al señalar que “tampoco existe una justificación económica clara para el cambio propuesto”. La entidad subrayó que cada fundación, ente sanitario o veterinario particular tiene su propia estructura de costos y que, en muchos casos, las entidades rurales absorben gastos como electricidad, administración o alquiler, lo que les permite ofrecer un costo menor por dosis aplicada, mientras que otros esquemas deben financiarse íntegramente con la actividad, algo que se refleja en el precio final.​

En este punto, Carbap recordó que, para quienes sostienen que el precio de la vacuna es la única variable relevante, hoy el costo de la dosis aplicada equivale a menos de 600 gramos de novillo, cuando históricamente representaba aproximadamente un kilo, lo que relativiza el impacto económico del actual sistema. La entidad alertó además que la nueva normativa no define quién será responsable de garantizar que la vacunación se realice en tiempo y forma, quién controlará su cumplimiento ni quién asegurará la cobertura sanitaria en los establecimientos de menor escala distribuidos en el interior bonaerense y pampeano.

fuente datatrenque.