La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a cinco años de prisión contra el exintendente de Colonia 25 de Mayo, provincia de La Pampa, Argentina, David Bravo, por su participación necesaria en un caso de trata de personas con fines de explotación sexual en prostíbulos de esa localidad. El máximo tribunal declaró inadmisible el recurso extraordinario en queja presentado por la defensa, por lo que quedó confirmada la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal de La Pampa y ratificada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.​

Bravo fue considerado penalmente responsable de haber permitido el funcionamiento de los prostíbulos “Venus” y “Karibian” en Colonia 25 de Mayo, a pesar de que estaba vigente una ordenanza municipal firmada por él mismo que prohibía la habilitación de cabarets, whiskerías, clubes nocturnos y night clubs en el distrito, por entender que encubrían el delito de trata de personas y vulneraban la Ley de Profilaxis.​

La causa se inició el 13 de diciembre de 2011, a partir de la denuncia presentada en la Delegación La Pampa de la Dirección Nacional de Migraciones por una joven de nacionalidad dominicana, que afirmó haberse escapado de un cabaret de Colonia 25 de Mayo. La mujer relató haber sufrido maltratos y amenazas por parte de los dueños del prostíbulo y sostuvo que otras mujeres atravesaban la misma situación, entre ellas una que cursaba un embarazo.​

Según surge de la sentencia, la denunciante explicó que no acudió a la policía porque “sabían todo” y afirmó que, cuando el jefe comunal concurría al cabaret, “le daban mil pesos y él firmaba”, en referencia a las habilitaciones municipales que permitían la continuidad del negocio.​

Tras tareas investigativas, el 16 de diciembre de 2011 se concretó un allanamiento en el local nocturno, donde se constató la presencia de diez mujeres, nueve de ellas dominicanas y una argentina. En el predio había habitaciones con varias camas en las que las mujeres vivían y donde se realizaban los llamados “pases”, es decir, los encuentros sexuales con los clientes.​

Durante el operativo, la encargada del lugar presentó una habilitación municipal bajo el rubro “cabaret”, firmada por Bravo y a nombre de Nurys Caraballo Castillo como propietaria del establecimiento. No obstante, ya regía una ordenanza del 3 de septiembre de 2010, también suscripta por el entonces intendente, que prohibía expresamente la habilitación de ese tipo de locales en Colonia 25 de Mayo por encubrir situaciones de trata de personas.​

En el mismo proceso judicial resultó condenada la mujer que regenteaba los prostíbulos, mientras que el comisario acusado de encubrimiento agravado fue finalmente absuelto por el tribunal.

fuente infopico.