El Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) avanzó en la recuperación de una vivienda social en la localidad de Bernardo Larroudé, luego de constatar incumplimientos en las condiciones de adjudicación y uso del inmueble. La medida se enmarca en las tareas de fiscalización que el organismo provincial viene realizando sobre el parque habitacional, con el objetivo de garantizar que las casas lleguen y permanezcan en manos de familias que realmente las necesitan.​

A través de la Resolución N° 1160/2025, fechada el 27 de octubre de 2025 y difundida recientemente en el Boletín Oficial, el IPAV dejó sin efecto la adjudicación original de la vivienda, otorgada en 1986 bajo la Resolución N° 192/86. La unidad involucrada es la Casa N° 28 del Plan FO.NA.VI. XII, ubicada en el ejido de Bernardo Larroudé, donde se detectaron irregularidades tanto en la ocupación como en el cumplimiento de las obligaciones de pago.​

Según se detalla en el acto administrativo, la decisión se fundamenta en dos causales principales: la falta de ocupación efectiva y permanente del inmueble por parte del grupo familiar adjudicatario y la falta de pago de las cuotas de amortización correspondientes. Estos incumplimientos vulneran el fin social del programa habitacional y habilitan al organismo a revertir la adjudicación, tal como prevé la normativa vigente.​

En el expediente se notificó formalmente a la persona vinculada a la adjudicación, informando la cancelación de la venta que figuraba a nombre del titular original y comunicando el cambio de situación sobre la vivienda. Al mismo tiempo, el Artículo 2° de la resolución autoriza al IPAV a tomar posesión del inmueble, en línea con lo establecido por la Ley Nacional N° 21.581 que regula los fondos nacionales de vivienda y faculta a los organismos ejecutores a recuperar unidades en casos de irregularidades comprobadas.​

Desde el organismo remarcan que este tipo de medidas se inscribe en un proceso más amplio de regularización dominial y control del uso de las viviendas sociales en toda la provincia. El propósito es que las unidades construidas con fondos públicos estén habitadas, se mantenga el pago de las cuotas y se respete el compromiso asumido al momento de la adjudicación, priorizando a familias que cumplen las condiciones y requieren una solución habitacional.

FUENTE INFOPICO.