Las estafas virtuales provocan un perjuicio económico estimado en 500 millones de pesos anuales en el distrito de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, según datos oficiales del municipio correspondientes a 2025. Así lo informó el secretario de Gobierno, Martín Borrazas, quien advirtió que, además del impacto económico, estas maniobras generan un fuerte daño emocional en las personas que resultan engañadas.

De acuerdo con los registros de la Oficina de Defensa del Consumidor, durante 2025 se denunciaron casi 300 millones de pesos en estafas, de los cuales se logró recuperar alrededor de 90 millones. La Fiscalía consignó, por su parte, denuncias por unos 240 millones de pesos y consiguió recuperar cerca del 30 por ciento de ese monto, mientras que la Policía suma también casos propios, aunque todavía falta unificar las bases de datos para evitar duplicaciones y determinar el volumen real del delito.

En este contexto, el Municipio encabezó recientemente una mesa interinstitucional junto a Fiscalía, Policía y entidades bancarias para coordinar una respuesta común frente al avance del delito digital en Trenque Lauquen. Uno de los ejes acordados fue la creación de un sistema de alerta temprana, ya que se detectó que las bandas cambian semanalmente el “anzuelo” utilizado para engañar a los vecinos: en las últimas semanas se hicieron pasar por el supermercado La Anónima, la Cooperativa Obrera y el Hospital Municipal, entre otras instituciones.

La idea oficial es que, cuando se identifique un intento de estafa vinculado con un comercio o institución determinada, se emitan avisos inmediatos a toda la comunidad a través de los medios de comunicación y se informe también a los bancos para que alerten a sus clientes. El gobierno local proyecta además una campaña de difusión con cartelería en la vía pública y una alianza con radios y portales informativos para publicar advertencias en tiempo real cada vez que se detecte una modalidad de engaño que se replique en cadena.

Borrozas explicó que las estafas virtuales resultan complejas de perseguir judicialmente porque, aunque la víctima actúa bajo engaño, es quien termina realizando de manera voluntaria la transferencia, haciendo clic en enlaces maliciosos o entregando sus credenciales bancarias. Esa dinámica dificulta la configuración típica del delito en el Código Penal, a lo que se suma que muchas personas no denuncian por vergüenza, lo que genera un subregistro de casos. El funcionario remarcó que “la justicia no se maneja por WhatsApp ni por teléfono” y recomendó cortar la comunicación ante cualquier duda.

El secretario de Gobierno también cuestionó el marco legal vigente, al señalar que la estafa es un delito excarcelable con una pena máxima de seis años y que, en la práctica, la mayoría de las condenas no supera los tres años, por lo que los responsables no quedan detenidos. Afirmó que, en las condiciones actuales, para un delincuente “es más beneficioso” cometer una estafa virtual que ingresar armado a una vivienda, por el menor riesgo y el potencial rédito económico. Con el respaldo de los datos que se obtengan a partir de la unificación de denuncias, el Municipio prevé impulsar una propuesta para endurecer las penas.

Las autoridades locales remarcaron que las estafas virtuales no discriminan por edad ni por nivel socioeconómico: incluso quienes no manejan grandes sumas de efectivo pueden ser víctimas mediante el acceso indebido a cuentas de billeteras virtuales o la gestión fraudulenta de préstamos a su nombre. El propio Borrozas reconoció que estuvo a punto de ser engañado en una maniobra que involucraba a un familiar, lo que, según planteó, demuestra el grado de sofisticación y coordinación con que operan estas organizaciones delictivas.

fuente oesteba.