El Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa confirmó el traslado al Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres, en Ezeiza, de V. A. P., condenada en 2012 a 22 años de prisión por facilitar el abuso sexual de su hija de 12 años en General Pico, La Pampa. La resolución, fechada el 5 de mayo de 2026, dejó firme la derivación de la interna desde el Instituto Correccional de Mujeres (Unidad 13) al establecimiento federal bonaerense.

La decisión fue adoptada por la Sala B del Tribunal de Impugnación, integrada por el juez Mauricio Federico Piombi y la jueza sustituta María Paola Frigerio, quienes ratificaron el criterio del juez de Ejecución Penal, Mauricio Pascual, al convalidar la medida dispuesta por el Servicio Penitenciario Federal. De acuerdo con el fallo, el traslado se fundamenta en el “agotamiento de circuito” en la unidad provincial donde se encontraba alojada la condenada y en la necesidad de ubicarla en un penal que cuente con herramientas específicas y espacios adecuados para personas privadas de libertad por delitos contra la integridad sexual.

La defensa de la mujer, a cargo del abogado Jerónimo Altamirano, había intentado frenar la derivación mediante un recurso de impugnación, al sostener que las decisiones de este tipo debían ser revisadas para no dejar la situación de los detenidos al “albedrío” de los jueces de Ejecución. Sin embargo, el Tribunal consideró improcedente el planteo y remarcó que Pascual no dictó una resolución originaria, sino que actuó como instancia revisora y de control de legalidad sobre una medida de carácter administrativo dispuesta por el Consejo Correccional.

El caso tuvo un fuerte impacto social en General Pico y en toda La Pampa a comienzos de la década pasada. En 2012, la Cámara en lo Criminal 1 halló culpable a P. por corrupción de menores, agravada por el vínculo, y abuso sexual con acceso carnal, al dar por probado que corrompió y facilitó que su hija, de apenas 12 años, fuera sometida sexualmente por su concubino y por otro hombre. Ambos agresores fueron condenados en ese proceso a penas de 17 y 10 años de prisión, respectivamente.

El entramado de abusos se conoció a partir de la decisión de la niña de escapar del domicilio materno en General Pico y buscar refugio en González Moreno, localidad de la provincia de Buenos Aires, donde vivía su padre biológico. Catorce años después de aquella condena emblemática, y tras haberse agotado las posibilidades de alojamiento en el sistema penitenciario provincial, la mujer continuará cumpliendo su pena en el penal federal de Ezeiza.

FUENTE INFOPICO.