El juez de control de General Pico, La Pampa, condenó a Alfredo Ezequiel Micha, de 40 años, a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional por usurpación de autoridad y coacción, tras hacerse pasar por secretario de un fiscal para presionar a una mujer que había radicado una denuncia por abuso. La resolución se dictó en el marco de un acuerdo de juicio abreviado y, además de la pena, se le impusieron reglas de conducta por el mismo plazo, entre ellas fijar domicilio y someterse al control de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para personas en conflicto con la Ley Penal.

De acuerdo con la sentencia, los hechos ocurrieron el 16 de octubre de 2025, cuando Micha contactó telefónicamente a la víctima, se identificó falsamente como “García”, supuesto secretario del fiscal Gutiérrez de la ciudad de Santa Rosa, y le aseguró que viajaría a General Pico para hablar sobre la denuncia que ella había presentado. Tras solicitarle la dirección de su domicilio, pasó a buscarla alrededor de las 19 horas y la llevó a un café para mantener una reunión.

Durante el encuentro, el condenado le exigió a la mujer que grabara un video retractándose de la denuncia por abuso, alegando que estaba perjudicando a otra persona y que, si cumplía con ese pedido, “se terminaba todo”. En caso contrario, la amenazó con imputarla por falso testimonio, lo que configura el delito de coacción al pretender obligarla a realizar un acto contra su voluntad mediante intimidación. La víctima se negó a grabar el video tanto en el local como luego, cuando el hombre insistió dentro del vehículo mientras la trasladaba de regreso a su casa.

Para ganar tiempo y poder salir de la situación, la mujer le dijo que grabaría el video sola y se lo enviaría, aunque nunca tuvo intención de hacerlo porque consideró que todo el episodio resultaba “muy raro”. Esa misma noche, alrededor de las 22.23, recibió un mensaje del mismo número de teléfono en el que se reiteraba la amenaza: si no enviaba el video, sería imputada; la víctima decidió no responder.

En la sentencia, el juez sostuvo que Micha mintió y usurpó una identidad e investidura judicial “para inspirar confianza, autoridad e intimidar a la damnificada con la formación de una causa penal, a fin de pedirle imperativamente que haga ese video, en beneficio de la persona denunciada por la mujer, obligando a la misma, por ende, a hacer algo en contra de su voluntad”. Esa conducta se encuadró en los delitos de usurpación de autoridad y coacción, cometidos en General Pico, cabecera del norte pampeano.

Tras la investigación encabezada por los fiscales Matías Juan y Cecilia Milanese, bajo la coordinación del fiscal general Armando Agüero, el Ministerio Público Fiscal, el imputado y su defensor particular, José Mario Aguerrido, presentaron un acuerdo de juicio abreviado. La damnificada prestó conformidad en lo relativo al delito de coacción, y en el debate se dejó constancia de que Micha no registra antecedentes condenatorios. El magistrado explicó que el monto de la pena surgido del acuerdo fijó un límite que el tribunal no podía modificar, en respeto a lo convenido por las partes dentro del marco legal.

fuente infopico.