Argentina cerró 2024 con la tasa de encarcelamiento más alta de su historia, según el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), difundido en enero de 2026. El relevamiento da cuenta de un crecimiento sostenido de la población penitenciaria, de fuertes niveles de sobreocupación y de marcadas diferencias entre jurisdicciones.

De acuerdo con el informe, al 31 de diciembre de 2024 había 121.443 personas privadas de la libertad (PPL) en el sistema penitenciario del país, lo que equivale a una tasa de 258 PPL cada 100.000 habitantes, el registro más alto desde que se lleva este tipo de medición. Cinco provincias superan ampliamente ese promedio nacional: Córdoba encabeza la lista con casi 377 PPL cada 100.000 habitantes, seguida por Mendoza (308), Buenos Aires (305), Santa Fe (286) y Salta (267).

En los últimos 25 años, la cantidad de personas detenidas en cárceles creció en torno al 6% anual, con la única excepción de 2020, cuando se produjo una baja vinculada a la pandemia. Solo en 2024 el aumento fue del 7,1%, un salto que ni siquiera fue compensado por la ampliación de plazas carcelarias, por lo que la sobrepoblación se mantuvo elevada. A nivel nacional, el conjunto de los sistemas penitenciarios opera hoy al 130,2% de su capacidad, es decir, donde caben 100 personas hay alojadas 130.

El CNPT detalla que en la última década la población encarcelada aumentó un 67,7% en todo el país, aunque con comportamientos muy dispares según la provincia. Santa Fe muestra el incremento más pronunciado (244,8%), seguida por Santiago del Estero (138,2%) y Córdoba (116,6%), jurisdicciones que duplicaron o más su población carcelaria entre 2015 y 2024. En paralelo, durante 2024 varios gobiernos provinciales –entre ellos Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán– ampliaron la capacidad de alojamiento con nuevos establecimientos penitenciarios.

El organismo advierte que buena parte de esas nuevas unidades recibieron a personas que estaban detenidas en comisarías, lo que derivó en un incremento del encarcelamiento sin lograr una reducción significativa de la cantidad de personas bajo custodia policial, que apenas se estabilizó. El informe también analiza la situación procesal de las PPL y señala que el 62,0% de la población carcelaria tiene condena firme, mientras que el 37,3% permanece procesada, es decir, sin sentencia definitiva.

Las diferencias entre jurisdicciones en este punto también son marcadas. Neuquén registra el mayor porcentaje de personas condenadas, con un 99,6%, y Chaco, Chubut y San Juan superan igualmente el 90% de población con condena. En el extremo opuesto, algunas provincias exhiben porcentajes de personas encarceladas sin condena por encima de la media nacional, entre ellas Formosa (51%), Córdoba (49%), Buenos Aires (43%) y Misiones (39%).

En relación con los tipos de delitos, la mayor proporción corresponde a hechos contra la propiedad, que concentran el 36,4% de las causas, es decir, casi cuatro de cada diez personas detenidas. Les siguen los delitos contra las personas, con un 21,7%, y los delitos contra la integridad sexual, que representan el 20,5% de la población penitenciaria.