En un despliegue judicial y policial de gran magnitud, la justicia pampeana logró recuperar 1.060 cabezas de ganado que habían sido sustraídas a la firma “San Jorge Cereales y Hacienda SA”, de Rancul, mediante una maniobra fraudulenta calculada en unos 800 millones de pesos. El procedimiento se concretó en un feedlot de la localidad cordobesa de Chaján y es considerado un fuerte golpe contra el delito rural y una pieza clave en la causa por estafa millonaria.​

El operativo se llevó a cabo entre el 16 y 17 de enero en el establecimiento rural “Carlos Tercero”, en Chaján, Córdoba, donde se encontraban los animales que estaban a punto de ser comercializados ilegalmente. La medida fue posible gracias a un exhorto firmado por el juez de Control de General Pico, Diego Ambrogetti, a pedido del fiscal adjunto Matías Juan, y ejecutado por una orden de allanamiento del juez de Control y Faltas de Río Cuarto, Diego Ortiz.​

La investigación se originó en una denuncia presentada en mayo de 2025 y destapó una compleja trama delictiva que comenzó con la entrega de cheques sin fondos por parte de Iván Fiorini y Ana Paula Courreges, representantes de la firma “San Pablo Oeste SA”, oriundos de General Pinto. Ambos se encuentran imputados y formalizados en la causa por la estafa a la empresa pampeana.​

De acuerdo con la información recabada por el Ministerio Público Fiscal y datos del SENASA, la hacienda –vacas, vaquillonas preñadas y toros– fue trasladada primero a la provincia de Buenos Aires y luego, en un movimiento detectado a mediados de 2025, al feedlot “Carlos Tercero” en Chaján. Ese establecimiento pertenece al conocido feriero ganadero Carlos J. Lanser y es administrado bajo la firma “Agropecuaria La Madera SA”.​

La hipótesis principal de la fiscalía sostiene que Lanser habría actuado como encubridor de los estafadores originales, brindando infraestructura para resguardar y engordar los animales con el objetivo de evitar su secuestro y luego venderlos en feria para obtener ganancias millonarias. Los investigadores consideran que el procedimiento se realizó a tiempo, ya que existían indicios de que la tropa iba a ser enajenada esta misma semana para su posterior faena.​

El allanamiento estuvo atravesado por momentos de fuerte tensión: según fuentes judiciales, tanto Lanser como sus puesteros adoptaron una actitud violenta y hostil hacia los efectivos policiales de Chaján y de la unidad de investigaciones de Río Cuarto. Hubo intentos de obstaculizar la labor de la justicia mediante agresiones verbales e incluso físicas, aunque el profesionalismo de las fuerzas permitió concretar el secuestro de la hacienda.​

Por orden del juez Ortiz, la totalidad de los vacunos recuperados fue entregada a la empresa damnificada de Rancul, cuyos representantes son los hermanos Ingaramo y Viano, en calidad de depositario judicial. Los animales fueron trasladados a un campo de la firma en Fortuna, provincia de San Luis, logrando así recuperar casi la totalidad de las 1.133 cabezas denunciadas originalmente.​

En el plano judicial, Fiorini y Courreges permanecen en libertad bajo medidas restrictivas, luego de haber cumplido tres meses de prisión domiciliaria en General Pico. En tanto, se analiza citar en los próximos días a Carlos Lanser ante el Ministerio Público Fiscal de General Pico, donde podría ser imputado por el delito de encubrimiento.​

La causa sigue bajo la dirección del fiscal general Armando Agüero y del fiscal adjunto Matías Juan, con la participación del abogado Alejandro Viano como querellante en representación de la firma “San Jorge”. El caso se consolida como uno de los expedientes por delito rural más relevantes de los últimos años en la región, tanto por el volumen de hacienda involucrado como por la complejidad de la maniobra investigada.

​FUENTE INFOPICO.