La provincia de Buenos Aires endureció el marco sancionatorio para quienes agredan, insulten, hostiguen o perturben a docentes, personal de salud y trabajadores de servicios públicos esenciales durante el cumplimiento de sus funciones. La nueva normativa prevé penas de arresto de entre 5 y 30 días, además de multas que pueden alcanzar hasta el 100% del haber mensual de un oficial policial.

La medida quedó establecida mediante la Ley 15.647, que modifica el artículo 74 bis del Decreto-Ley 8031/73. La iniciativa, impulsada por el senador de Unión y Libertad Sergio Vargas, amplía la protección que la legislación provincial ya contemplaba para los trabajadores de la educación y la extiende a otros ámbitos de atención al público.

La norma alcanza las conductas ocurridas dentro de establecimientos educativos públicos o privados, centros de salud, dependencias de atención al público y sus inmediaciones. Quedan comprendidos el hostigamiento, el maltrato, los insultos, las provocaciones que generen escándalo y los actos de violencia física que no constituyan un delito de mayor gravedad.

También serán sancionados quienes arrojen objetos contra trabajadores o bienes de utilidad pública, ingresen sin autorización a sectores restringidos, se nieguen a retirarse cuando el personal lo solicite o adopten cualquier conducta que interfiera con el normal desarrollo de las tareas.

Multas y agravantes
Además del arresto, las multas serán de entre el 50% y el 100% del haber mensual de un oficial del Agrupamiento Comando de la Policía bonaerense. El monto se calculará al momento del pago efectivo, sobre la categoría vigente en ese entonces.

La ley establece un agravante específico: las sanciones se duplicarán cuando los hechos ocurran frente a alumnos, pacientes o menores de edad. De esta manera, se busca reforzar la protección de los espacios donde la violencia puede afectar de manera directa a sectores especialmente vulnerables.

La reforma incorpora expresamente a los trabajadores de los servicios públicos esenciales y del sistema de salud, además del personal educativo. Con esa ampliación, la provincia busca proteger a quienes desarrollan tareas en ámbitos donde las agresiones pueden obstaculizar la atención al público y la prestación de servicios.

La norma fue aprobada a fines de septiembre en la Legislatura bonaerense y ya se encuentra vigente.

Fuente Informativa: DataTrenque.