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Una investigación judicial compleja permitió desbaratar maniobras de extorsión y chantaje digital que se realizaban desde el interior de la Unidad Penitenciaria N.º 13 de Junín, donde tres internos fueron identificados como presuntos responsables de una serie de hechos cometidos a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. La causa volvió a exponer cómo el delito informático atraviesa los muros de las cárceles y la importancia del trabajo coordinado entre el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y las áreas policiales especializadas en cibercrimen.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, a cargo del fiscal Fernando Graffigna, junto con la UFI N.º 6 de Junín, conducida por la fiscal Fernanda Sánchez. En el plano operativo intervino la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín, dependiente de la Dirección de Investigaciones Cibercrimen, que llevó adelante las tareas técnicas y de rastreo digital.
Las actuaciones se iniciaron a partir de dos denuncias de vecinos de Junín que relataron haber sido contactados por Facebook, donde tras un intercambio de imágenes y videos íntimos comenzaron a recibir amenazas y exigencias de dinero mediante aplicaciones de mensajería. Bajo presión y en medio del chantaje, las víctimas llegaron a realizar transferencias a distintas cuentas bancarias para evitar la difusión del material privado.
A partir de la intervención inmediata de la Ayudantía Fiscal Especializada se desplegó una pesquisa digital que incluyó oficios a empresas de telecomunicaciones y a la plataforma WhatsApp LLC. El análisis técnico permitió reconstruir direcciones IP, antenas utilizadas, dispositivos, números IMEI y ubicaciones geográficas, determinando que las comunicaciones partían de sectores linderos a unidades carcelarias y, finalmente, que los autores estaban alojados en la Unidad 13 de Junín.
Con esos elementos, el Juzgado de Garantías N.º 3 del Departamento Judicial Junín, a cargo de la jueza María Laura Durante, ordenó allanamientos en el penal que se concretaron en horas de la mañana con apoyo del Servicio Penitenciario Bonaerense. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos de interés para la causa, y se notificó la imputación a tres internos juninenses señalados como autores de las maniobras extorsivas.
Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que los delitos digitales no reconocen muros ni límites físicos y exigen respuestas especializadas, rápidas y coordinadas. El trabajo conjunto de la Fiscalía Especializada, la UFI N.º 6, el Poder Judicial y la Sección de Investigaciones Cibercrimen reafirma el compromiso de combatir extorsiones, grooming, ciberpedofilia y otros delitos complejos, protegiendo a las víctimas y fortaleciendo la confianza social en las instituciones.
Las autoridades remarcaron, además, la necesidad de la capacitación permanente del personal policial frente a modalidades delictivas cada vez más sofisticadas y la articulación constante con el ámbito judicial para investigaciones eficaces. También insistieron en la importancia de denunciar de inmediato cualquier hecho de extorsión o amenaza en entornos digitales, recordando que las herramientas tecnológicas permiten avanzar incluso cuando los responsables se esconden detrás de perfiles falsos o actúan desde contextos de encierro.
