La empresa agroexportadora Cargill decidió suspender las operaciones de su planta de acopio de granos ubicada en la localidad de Arribeños, partido de General Arenales, provincia de Buenos Aires, en el marco de un conflicto que mantiene desde hace meses con transportistas independientes que reclaman por las condiciones para acceder a los viajes de carga. La paralización, que comenzó el 3 de julio de 2026, dejó sin actividad a unos 30 trabajadores vinculados al establecimiento y provocó un fuerte impacto sobre talleres mecánicos, comercios y proveedores de servicios que dependen del movimiento cotidiano de la planta.

El eje del conflicto es la denuncia presentada por un grupo de fleteros contra un representante de la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (CATAC), a quien acusan de actuar como intermediario obligatorio sin prestar un servicio logístico efectivo. Según relató Cristian Cardoso, vocero de los transportistas, “este personaje operaba como intermediario sin un contrato activo ni un servicio logístico real; las 30 familias fleteras decidieron abrirse de esa persona porque sufrían condiciones desfavorables, pero al hacerlo se quedaron automáticamente sin trabajo”. Los camioneros sostienen además que, para acceder a los viajes, debían pagar de manera informal un 3% del valor de cada carga, práctica que rechazaron y que, según afirman, derivó en la interrupción de la asignación de fletes.

Desde la conducción de CATAC negaron las acusaciones y aseguraron que los transportistas se alejaron voluntariamente. Su presidente, Ramón Jatip, rechazó la existencia de un esquema de comisiones irregulares y defendió el funcionamiento de la entidad en la gestión de los servicios de transporte. Cargill, por su parte, aclaró que las personas que llevan adelante el reclamo no son ni fueron empleados directos de la compañía sino prestadores independientes contratados para el traslado de carga.

La empresa indicó que la asignación de viajes se define según “criterios comerciales y operativos propios de la actividad, en el marco del derecho de libre contratación”, y subrayó que la seguridad es un valor “fundamental e innegociable”, por lo que las operaciones en Arribeños solo se reanudarán cuando existan condiciones adecuadas para trabajar. El conflicto se arrastra desde hace alrededor de diez meses y, de acuerdo con los transportistas, la falta de avances en las negociaciones aumenta la tensión y podría derivar en una intensificación de las medidas de fuerza.

Cardoso advirtió que, si no hay respuestas por parte de la firma, las protestas podrían extenderse a otras plantas que Cargill posee en la región, también en territorio bonaerense. De este modo, lo que comenzó como una disputa laboral y comercial en Arribeños, partido de General Arenales, se proyecta como un problema de alcance zonal en una provincia clave para la actividad agroexportadora del país.

Fuente informativa: Distrito Interior