Un proyecto de ley para prohibir el uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires fue presentado en la Legislatura bonaerense por el diputado Oscar Liberman, de La Libertad Avanza, con el respaldo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. El legislador afirmó que hoy los penales “son un call center del delito” y que desde allí se organizan extorsiones y estafas telefónicas contra personas de distintas localidades.​

La iniciativa fue bautizada como “Ley Rodrigo”, en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien prestaba servicio en la Quinta Presidencial de Olivos y se quitó la vida tras ser víctima de una extorsión telefónica organizada desde una cárcel, con la colaboración de familiares de detenidos que operaban fuera del penal de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires.​

El proyecto propone dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” establecido por la Resolución 476/20, que se implementó durante la pandemia de Covid-19 para facilitar la comunicación de las personas privadas de la libertad ante las restricciones sanitarias. Según Liberman, ese esquema ya no tiene justificación en el contexto actual y facilita que los internos continúen delinquiendo desde el encierro.​

La iniciativa incluye la modificación del inciso 5 del artículo 9 de la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense, a fin de que las comunicaciones de las personas detenidas se realicen exclusivamente mediante teléfonos fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Cada interno podría comunicarse hasta un máximo de dos horas diarias, pero sin acceso libre a los aparatos: los teléfonos se usarían solo en horarios y espacios habilitados y luego serían retirados por el personal penitenciario.​

Otro eje central del texto es la instalación obligatoria de sistemas de inhibición y bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores donde se alojan los detenidos, para impedir comunicaciones clandestinas con el exterior. Además, el diputado plantea reforzar los controles internos mediante requisas diarias, con el objetivo de evitar el ingreso y la permanencia de teléfonos en forma ilegal dentro de las unidades penitenciarias bonaerenses.​

Según explicó Liberman, el proyecto se elaboró con aportes de especialistas y equipos jurídicos, entre ellos colaboradores de la jueza Arroyo Salgado, del juez de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías de Azul, Carlos Pagliere (h), y personas vinculadas al Ministerio de Seguridad de la Nación. En los fundamentos, el diputado cita el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles deben ser “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos”, y sostiene que el Estado tiene la obligación de garantizar que el encierro cumpla su finalidad preventiva y no se convierta en una base operativa para nuevos delitos.​

El proyecto fija además un procedimiento para su implementación: una vez promulgada la ley, el Servicio Penitenciario Bonaerense tendrá 10 días hábiles para notificar a los internos, quienes dispondrán de 24 horas para entregar voluntariamente todos los teléfonos que tengan en su poder, incluso aquellos no declarados. Cumplido ese plazo, se realizarán requisas en celdas y espacios comunes de cada unidad penitenciaria de la provincia de Buenos Aires para secuestrar los dispositivos remanentes y aplicar sanciones a quienes incumplan la normativa.

fuente datatrenque.