La morosidad en los créditos al sector privado encendió una fuerte señal de alarma en el sistema financiero argentino, luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmara que el índice general de atraso en los pagos trepó al 5,5% hacia fines de 2025. El dato, que se conoce en un contexto de inflación alta y salarios rezagados, muestra además un deterioro mucho más marcado entre las familias que entre las empresas.​

De acuerdo con los últimos registros oficiales, mientras la irregularidad en los créditos otorgados a compañías se ubicó en un 2,5%, la mora en los préstamos a personas físicas escaló al 9,3%, lo que implica que más de 9 de cada 100 hogares argentinos tiene dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. El fenómeno se explica principalmente por atrasos en el pago de créditos personales y prendarios, rubros que ganaron peso en los balances de los bancos a lo largo de 2025 y, al mismo tiempo, incrementaron la exposición al riesgo de incobrabilidad.​

Entre las causas del “ahogo financiero” de los hogares se destacan el impacto de tasas de interés todavía elevadas, la persistencia de la inflación y la falta de una recomposición sólida de los ingresos laborales, factores que erosionan mes a mes la capacidad de pago de trabajadores y clases medias en todo el país. Aun así, el crédito al sector privado tuvo un fuerte repunte y registró un crecimiento del 36,9% en términos reales, considerando operaciones en pesos y en dólares.​

El panorama se vuelve mucho más crítico fuera del sistema bancario tradicional. En entidades no bancarias —como cooperativas, mutuales y financieras dedicadas al crédito al consumo— el índice de irregularidad en los pagos alcanza un preocupante 22,8%, afectando sobre todo a los sectores más vulnerables que quedan por fuera de la banca formal y suelen recurrir a estas alternativas para financiar gastos corrientes.​

Este aumento de la morosidad se da en medio de un cambio profundo en la estructura de los balances de las entidades financieras en Argentina, a partir de la política económica del gobierno de Javier Milei. En la actualidad, los préstamos a empresas y familias pasaron a representar el 43,9% del activo total del sistema, desplazando al financiamiento al sector público —a través de instrumentos como Leliqs, pases y bonos del Tesoro— que había sido la principal fuente de rentabilidad durante la gestión de Alberto Fernández.

fuente infopico.