El juez de control de Santa Rosa, Néstor Daniel Ralli, condenó a un estudiante de 26 años, identificado como Stéfano Rodrigo Sosa Oberts, a la pena de tres años de prisión en suspenso por los delitos de divulgación y tenencia de material de abuso sexual infantil, en el marco de un juicio abreviado realizado el jueves 23 de abril de 2026. La audiencia se desarrolló en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, y concluyó con la declaración de responsabilidad penal del acusado como autor material de ambos delitos.

El acuerdo de juicio abreviado fue suscripto por la fiscala María Micaela Succurro, la defensora particular Susana Dacal y el propio imputado, quien admitió su culpabilidad. En este tipo de procesos, previstos en el Código Procesal Penal de La Pampa, los jueces no pueden imponer sanciones más gravosas que las solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.

Según se dio por acreditado en la causa, Sosa Oberts utilizó una cuenta de correo electrónico para enviar a otro usuario, mediante un chat privado, ocho fotografías y cinco videos con contenido de representación sexual de niñas, niños y adolescentes. Además, durante un período de cinco meses mantuvo almacenados en dos teléfonos celulares 136 videos y 40 imágenes de la misma naturaleza, también vinculados a abuso sexual infantil.

La investigación se originó a partir de un reporte emitido por la Oficina de procesamiento de reportes Ncmec de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFECI), que depende de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Ncmec (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados) es una organización estadounidense que coopera con autoridades de distintos países en la detección de delitos relacionados con explotación sexual infantil y distribución de este tipo de material en entornos digitales.

Al no registrar antecedentes penales, al condenado se le impuso una pena de ejecución condicional, por lo que no irá a prisión si cumple estrictamente con las reglas de conducta fijadas por la Justicia. Durante dos años deberá fijar domicilio, someterse al control de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para personas en conflicto con la ley penal y realizar un tratamiento psicológico. Una vez que el fallo quede firme, su nombre será incorporado al Registro de condenados por delitos contra la integridad sexual, donde quedará asentada la sentencia dictada en Santa Rosa, La Pampa.

fuente infopico.