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La Justicia bonaerense investiga a una presunta banda que habría montado un esquema de engaños ofreciendo falsos ingresos al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y que podría haber perjudicado a más de 200 aspirantes con promesas de trabajo que nunca se concretaron. La maniobra incluía la exigencia de documentación sensible, entrenamientos físicos y reuniones virtuales, bajo la apariencia de un proceso oficial de selección.
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 8 de La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón, tras una serie de denuncias presentadas ante la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de esa ciudad. Los investigadores pusieron el foco en una mujer que se presentaba como supuesta jefa dentro del SPB y que, según los denunciantes, aseguraba tener la capacidad de garantizar el ingreso a la fuerza penitenciaria.
De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, a los aspirantes se les requería una gran cantidad de documentación personal: copias de DNI, CUIL, partidas o certificados de nacimiento, títulos analíticos, certificados de domicilio municipal y antecedentes penales nacionales, entre otros papeles. Además, debían participar de trabajos prácticos, reuniones virtuales y entrenamientos físicos obligatorios, lo que reforzaba la apariencia de un proceso formal de reclutamiento.
Parte de estas actividades se desarrollaba en el Parque San Martín de La Plata, a la altura de las calles 27 y 53, donde se observó a grupos realizando ejercicios físicos bajo indicaciones de la acusada. En uno de los procedimientos se dejó constancia de la presencia de “un grupo de personas con ropas de fajina” que aseguró estar realizando una jornada de entrenamiento “sin fines de lucro”, aunque varios de los presentes manifestaron haber sido convocados a través de un grupo de WhatsApp para prepararse con miras a ingresar al SPB.
Según las actuaciones, la mujer administraba un grupo de WhatsApp denominado “Camaradas 2026”, que llegó a reunir entre 45 y 50 integrantes con el objetivo de conformar una supuesta cohorte de futuros agentes penitenciarios. En los mensajes se detallaban días, horarios y condiciones de los entrenamientos: se fijaba como punto de encuentro el Parque San Martín, a las 8 de la mañana con un margen de espera hasta las 8.15, y se imponía una vestimenta específica (pantalón negro corto y remera gris sin logos ni dibujos, con el pelo recogido para las mujeres y corto y afeitado para los hombres).
En la causa también figura el relato de una víctima que aseguró haber sido contactada por un amigo de confianza, quien le habló de una “posibilidad” de entrar al Servicio Penitenciario a través de “contactos políticos”, a cambio de reunir una serie de requisitos y papeles. “Hasta me hicieron llenar una planilla que hacía las veces de examen psicológico”, declaró esa persona, reforzando la hipótesis de que se montó una estructura similar a un proceso oficial para ganar credibilidad entre los aspirantes.
Los denunciantes señalaron que la sospechosa exigía ser tratada como “jefa” y que imponía un régimen de disciplina con la advertencia de que, quien no cumpliera con las consignas, podía quedar automáticamente fuera del supuesto listado de ingreso. En algunos casos se habría llegado incluso a solicitar dinero para “dar de baja” la postulación de quienes decidían abandonar el proceso, aunque la investigación busca establecer si esos pagos llegaron efectivamente a concretarse o si la maniobra quedó en una etapa preparatoria.
Por el momento, la causa avanza en la recolección de testimonios, la sistematización de la documentación aportada por las víctimas y el análisis de los mensajes y comunicaciones intercambiados en el grupo “Camaradas 2026”. Con esos elementos, el Ministerio Público Fiscal intentará determinar el alcance real de la presunta estafa, la cantidad total de damnificados y las eventuales responsabilidades penales de la mujer identificada y de otras personas que pudieran haber formado parte de la organización.
