En una semana en la que el oficialismo consolidó su nueva fortaleza parlamentaria con la media sanción del proyecto de modernización laboral, la Cámara de Diputados volvió a convertirse en escenario de un triunfo político clave al aprobar, por amplia mayoría, un nuevo régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa obtuvo 149 votos afirmativos y 100 negativos, con el rechazo de un sector de Unión por la Patria y de los bloques de izquierda, que calificaron la propuesta como “punitivista”.​

Tras esta votación, el cuerpo tiene previsto avanzar con la ratificación del tratado entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado el 17 de enero pasado, que también deberá ser tratado en el Senado para convertirse en ley, al igual que el nuevo régimen penal juvenil. El oficialismo contó con el respaldo de sus aliados habituales −Pro, la UCR y el MID− y sumó apoyos parciales de Provincias Unidas, Innovación Federal y el bloque sanjuanino Producción y Trabajo, con lo que consiguió una mayoría holgada para impulsar tanto la reforma penal como el acuerdo comercial.​

El movimiento interno más marcado se dio en Unión por la Patria: mientras el sector kirchnerista anticipó su rechazo al nuevo régimen, el Frente Renovador, que responde a Sergio Massa, se diferenció al coincidir con el oficialismo en fijar en 14 años el piso de punibilidad, pero reclamó que el cambio se encare mediante una reforma integral del Código Penal y no a través de un régimen especial. Desde ese espacio advirtieron que, en caso de sancionarse la ley, el texto podría ser judicializado.​

DETALLES DEL NUEVO RÉGIMEN

El proyecto aprobado fija en 14 años la edad mínima de punibilidad y establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes. A la vez, introduce criterios restrictivos para el dictado de prisión efectiva: solo podrá aplicarse en casos de delitos graves, con escalas penales de diez años o más. Para el resto de las infracciones contempla sanciones alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima y medidas de reparación del daño.​

El dictamen reafirma garantías procesales para los menores y define la privación de la libertad como última ratio. Asimismo, fija estándares específicos para la detención: alojamiento separado de los adultos, módulos diferenciados y acceso a educación, salud y programas de resocialización durante el cumplimiento de la sanción.​

La iniciativa prevé que el nuevo régimen entre en vigencia seis meses después de su reglamentación, plazo durante el cual el sistema penitenciario federal y los servicios carcelarios provinciales deberán adecuar sus instalaciones. Además, se establece una primera asignación presupuestaria de 23.000 millones de pesos, monto que los detractores consideran insuficiente y de difícil llegada a las provincias.​

EL DEBATE EN EL RECINTO

La discusión se abrió con la exposición de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (LLA), quien rechazó las críticas del kirchnerismo que acusan al proyecto de “criminalizar a los pibes”. “Es mentira. El despacho contempla una cantidad de penas alternativas a la prisión. Estamos dando garantías del debido proceso”, defendió la legisladora, al remarcar que los menores detenidos por la comisión de un delito no serán alojados en los mismos centros que los adultos. En esa línea, destacó que el texto incorpora aclaraciones específicas para garantizar la separación de ámbitos y el respeto a los derechos de los adolescentes involucrados en causas penales.

FUENTE DATATRENQUE.